La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó que el pedido de asilo político en Uruguay del exasesor jurídico de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, le causó “estupor, indignación y la convicción de que, tarde o temprano, las máscaras caen y aparece el verdadero rostro del macrismo: mentira, cinismo y la verdadera impunidad en Argentina”.

La exmandataria compartió un mensaje desde sus redes sociales en el que remarcó que la situación de Rodríguez Simón le evocó “imágenes como la de Héctor Timerman regresando de Estados Unidos enfermo con un cáncer terminal e interrumpiendo su tratamiento por la citación judicial de (el fallecido juez Claudio) Bonadío”.

“(También) las imágenes de los desfiles mediáticos de ex funcionarios esposados, enchalecados, encasquetados y en condiciones humillantes, sometidos a paseos frente a las cámaras de televisión de los medios hegemónicos que, con una ‘inexplicable’ premonición, siempre sabían a qué hora y dónde iban a suceder las cosas”, rememoró.

“Juntos por el Cambio, desde el Gobierno, armó una causa judicial contra la entonces Procuradora Alejandra Gils Carbó, la amenazaron con armar causas contra sus hijas y la obligaron a renunciar pese a su absoluta legitimidad institucional, y pensar que son ellos quienes hablan de respetar las instituciones”, cuestionó.

La titular del Senado sostuvo también que “Juntos por el Cambio intenta prolongar una situación institucional que nunca tuvo lugar en la democracia argentina, la de Eduardo Casal, un Procurador interino sin acuerdo del Senado con procesamiento confirmado en segunda instancia por delitos cometidos en el ejercicio de su función, que sigue ejerciendo el cargo de fiscal”.

“A partir de 2016, se desató una inédita persecución judicial en tiempos de democracia, con ribetes de cacería en algunos casos. Cientos de exfuncionarios nuestros gobiernos fueron citados a indagatoria, decenas fueron procesados y otros encarcelados ‘preventivamente'”, repasó al referirse al primer año de la gestión de Cambiemos y a la llamada doctrina ‘Irurzun’ sobre las prisiones preventivas, cuya autoría se adjudica al camarista Martín Irurzun, por medio de la cual se detenían a exfuncionarios del kirchnerismo sin condena firme con el supuesto argumento de que tenían un poder ‘residual’ que podía entorpecer el avance de las investigaciones.

Sobre ese punto en particular, Fernández Kirchner consideró que “la institución de la prisión preventiva, conceptualmente prevista para evitar la fuga del acusado, se utilizaba para encarcelar opositores”.